El abogado y especialista en seguridad social, Juan Carlos Juárez, analizó el impacto de las políticas económicas de los últimos dos años en el sector previsional. Con datos contundentes, el exdirector del IPS y PAMI advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo y el "freno" al pago de sentencias judiciales.
Para Juárez, el objetivo del déficit cero ha tenido un costo directo en los adultos mayores. Según explicó: "El gobierno centró su política económica en el déficit cero; la cuestión es sobre quién recae el ajuste. Es evidente la depreciación de los salarios que afecta directamente al financiamiento del sistema previsional".
Respecto a la movilidad jubilatoria implementada en 2024, el especialista fue categórico: "Se podría pensar que es una forma equitativa, pero no, porque todo lo que habían perdido los adultos mayores en sus ingresos no fue compensado ni en el inicio ni hasta el presente".
La trampa del bono y la pérdida de compra
Uno de los puntos más críticos del análisis de Juárez reside en la comparación con la Canasta Básica de la Tercera Edad. Al respecto, detalló:
"En marzo de 2024, los jubilados percibían una mínima que cubría el 30% de la canasta. En la actualidad, con un haber de $439.636 frente a una canasta de $1.824.682, los adultos mayores solo pueden acceder al 24%. Estos datos muestran cómo se fue deteriorando la capacidad adquisitiva".
Además, puso el foco en el congelamiento del bono de $70.000: "Hace dos años el bono tenía un impacto del 52% sobre el ingreso; hoy, al no actualizarse, solo representa el 19%. El bono debería haberse actualizado por inflación y hoy tendría que ser de $141.860".
El "freno" a los juicios
Juárez también denunció una parálisis en el cumplimiento de las sentencias judiciales por reajuste: "Existen 100.000 sentencias firmes que no se están pagando. En 2023 se pagaron más de 35.000 expedientes; en 2025 el número no superó las 9.000. La prórroga del presupuesto significó que no se actualizara la partida para el pago de juicios".
Según el especialista, esta situación obliga a los jubilados a judicializar nuevamente sus casos: "Esto genera que haya que hacer un nuevo juicio para ejecutar la sentencia impaga y embargar las cuentas del organismo para cobrar".
Finalmente, Juárez señaló que el camino actual no ofrece salida sin reformas estructurales en el mercado laboral: "Es catastrófico que más del 45% de los trabajadores no estén registrados. Que haya un 40% de la economía en negro que no tributa genera consecuencias directas para financiar el pago de jubilaciones".
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